Este requisito pretende fomentar el diálogo entre las partes y evitar litigios innecesarios. Sin embargo, su aplicación práctica ha planteado diversas dificultades desde su entrada en vigor.

Uno de los problemas que se han detectado es la tendencia de algunos juzgados a inadmitir directamente demandas cuando consideran que no se ha acreditado de forma suficiente el intento previo de negociación.

Ante esta situación, diferentes tribunales han empezado a pronunciarse recordando un principio fundamental del proceso civil: los defectos procesales que puedan corregirse deben permitir su subsanación antes de adoptar decisiones que impidan el acceso al proceso.

Este principio se encuentra estrechamente vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

La jurisprudencia constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones que los órganos judiciales deben evitar interpretaciones excesivamente formalistas de las normas procesales cuando ello pueda impedir injustificadamente el acceso a la justicia.

En el caso concreto del requisito de los MASC, los tribunales están empezando a señalar que la falta de acreditación documental del intento de negociación previa no siempre justifica la inadmisión inmediata de la demanda.

En muchos casos, el problema no radica en la inexistencia de un intento de negociación, sino simplemente en la falta de aportación de la documentación adecuada en el momento de presentar la demanda.

Por ejemplo, puede ocurrir que existan comunicaciones previas entre las partes —correos electrónicos, cartas o requerimientos formales— que demuestren la existencia de una negociación previa, pero que no se hayan incorporado inicialmente al expediente.

En estas situaciones, diversos tribunales están considerando que lo procedente es conceder un plazo para subsanar el defecto, permitiendo a la parte demandante aportar la documentación necesaria.

Este enfoque responde a una interpretación equilibrada de la normativa procesal. Por un lado, se mantiene la exigencia de acreditar el intento previo de solución extrajudicial del conflicto. Por otro, se evita que un defecto meramente formal se convierta en un obstáculo definitivo para el ejercicio de una acción judicial.

La consolidación de esta línea interpretativa podría tener un impacto significativo en la práctica procesal. Si se generaliza el criterio de permitir la subsanación, el requisito del MASC se aplicará con mayor flexibilidad y coherencia con los principios constitucionales.

Para abogados y procuradores, esta evolución jurisprudencial pone de manifiesto la importancia de documentar cuidadosamente cualquier intento de negociación previa, así como de aportar toda la información relevante al presentar una demanda.

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Uno de los supuestos que ha comenzado a generar debate jurídico es el relativo al derecho de rectificación frente a medios de comunicación.

El derecho de rectificación permite a cualquier persona exigir la corrección de informaciones publicadas en medios de comunicación que considere inexactas y que puedan perjudicar su reputación. Este derecho se encuentra regulado por una normativa específica que establece un procedimiento propio, caracterizado por su rapidez y por la existencia de plazos muy breves.

En primer lugar, la persona afectada debe solicitar al medio de comunicación la rectificación de la información publicada. Si el medio no accede a dicha solicitud o no responde dentro del plazo legal establecido, el interesado puede acudir a los tribunales para reclamar la rectificación judicial.

Este procedimiento está diseñado para garantizar una protección rápida de derechos fundamentales, como el honor, la reputación o la propia imagen. Por este motivo, la ley establece un sistema de actuación que evita dilaciones innecesarias.

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 surgió la duda de si, además de este procedimiento previo ya existente, sería necesario intentar también un MASC adicional antes de presentar la demanda.

Las primeras resoluciones judiciales que han abordado esta cuestión parecen inclinarse por una respuesta negativa.

Según estas resoluciones, el procedimiento previsto en la normativa del derecho de rectificación ya cumple una función similar a la que persiguen los MASC: ofrecer una oportunidad previa para que el conflicto pueda resolverse sin necesidad de acudir a los tribunales.

La solicitud de rectificación dirigida al medio de comunicación constituye, en sí misma, un mecanismo previo de resolución extrajudicial del conflicto.

Exigir además la realización de un MASC adicional podría provocar retrasos injustificados en la protección de derechos fundamentales. En un ámbito como el de la información pública, donde la rapidez es esencial, cualquier dilación puede agravar el perjuicio causado por la difusión de una información incorrecta.

Por este motivo, algunos tribunales están interpretando que la aplicación automática del requisito de acudir previamente a un MASC no resulta compatible con la naturaleza y finalidad del procedimiento de rectificación.

Este criterio puede tener implicaciones relevantes más allá de este ámbito concreto. De hecho, podría abrir la puerta a interpretaciones similares en otros procedimientos que también cuentan con mecanismos previos obligatorios de reclamación.

En cualquier caso, la consolidación de esta línea jurisprudencial dependerá de las resoluciones que se vayan dictando en los próximos meses. A medida que más tribunales se pronuncien sobre esta cuestión, se irá configurando un marco interpretativo más claro.

Para los profesionales del derecho, estas primeras decisiones judiciales ponen de relieve la importancia de analizar cuidadosamente la normativa específica aplicable a cada tipo de procedimiento antes de asumir que el requisito del MASC debe aplicarse de forma automática.

La interacción entre las nuevas reglas procesales y las leyes especiales existentes será, sin duda, uno de los aspectos más interesantes de la evolución jurídica derivada de la reforma procesal introducida por la Ley Orgánica 1/2025.

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Esta nueva exigencia responde a una tendencia que ya se ha consolidado en otros países europeos: fomentar que los conflictos se resuelvan fuera de los tribunales cuando sea posible. El objetivo es doble. Por un lado, descongestionar el sistema judicial, reduciendo el número de procedimientos que llegan a los juzgados. Por otro, favorecer soluciones más rápidas, económicas y flexibles para las partes implicadas.

Sin embargo, la aplicación práctica de esta obligación está generando numerosas dudas entre profesionales del derecho. La principal cuestión que se plantea es hasta qué punto la falta de intento previo de un MASC puede impedir el acceso al proceso judicial.

La normativa establece que, en muchos procedimientos civiles, la demanda deberá acompañarse de un documento que acredite que se ha intentado previamente algún mecanismo de resolución extrajudicial del conflicto. Entre los mecanismos que pueden considerarse MASC se encuentran, por ejemplo, la mediación, la conciliación privada, las ofertas vinculantes confidenciales o determinados procesos de negociación estructurada entre las partes.

No obstante, desde la entrada en vigor de la reforma han empezado a aparecer diferentes interpretaciones sobre cómo debe aplicarse este requisito en la práctica.

En algunos casos, ciertos juzgados han adoptado una interpretación estricta, considerando que la falta de acreditación de un intento previo de solución extrajudicial puede justificar la inadmisión de la demanda. Esta postura ha generado preocupación entre abogados y procuradores, ya que podría suponer un obstáculo relevante para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

Frente a esta interpretación más rígida, las primeras resoluciones judiciales empiezan a marcar ciertos límites. Diversos tribunales están recordando que la obligación de intentar previamente un MASC no puede interpretarse de forma que restrinja de manera desproporcionada el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

En este sentido, algunos órganos judiciales han señalado que el requisito debe aplicarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. No todos los conflictos son susceptibles de resolverse mediante negociación previa, ni en todos los casos existe una verdadera posibilidad de acuerdo entre las partes.

Por ejemplo, pueden existir situaciones en las que una de las partes se niegue a participar en cualquier tipo de negociación, o en las que la urgencia de la situación haga necesario acudir directamente a los tribunales.

Además, la propia configuración de determinados procedimientos judiciales puede hacer innecesaria o incluso incompatible la exigencia de un intento previo de solución extrajudicial.

Por ello, la evolución de la jurisprudencia en los próximos meses será fundamental para definir con mayor claridad en qué supuestos resulta realmente obligatorio acudir a un MASC y cómo debe acreditarse dicho intento de negociación.

Para los profesionales del ámbito jurídico, esta fase inicial de interpretación judicial resulta especialmente relevante. La práctica de los juzgados irá perfilando progresivamente los criterios que deberán tenerse en cuenta al preparar una demanda.

En este contexto, abogados y procuradores deberán prestar especial atención a la forma en que se documenta cualquier intento previo de negociación o comunicación entre las partes. Correos electrónicos, burofaxes, requerimientos formales o invitaciones a mediación pueden convertirse en elementos clave para acreditar el cumplimiento de este nuevo requisito procesal.

En definitiva, la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025 supone un cambio importante en la cultura procesal del sistema civil español. Sin embargo, como ocurre con toda modificación legislativa de gran alcance, será la jurisprudencia la que termine definiendo cómo debe aplicarse realmente en la práctica cotidiana de los tribunales.

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¿Tiene sentido prescindir del procurador?

En algunos procedimientos, la ley permite actuar solo con abogado, sin procurador.

Sin embargo, esta decisión puede traer consigo determinados riesgos prácticos y procesales, especialmente en juzgados saturados o asuntos con cierta complejidad.

Errores frecuentes al trabajar sin procurador:

• Infravalorar la carga procesal:
  • Pensar que “solo son unos pocos escritos y notificaciones”.
  • Acabar con el buzón del despacho saturado de comunicaciones del juzgado.

• Falta de control fino de plazos:
  • Compatibilizar agenda de juicios, vista de clientes, escritos de fondo y gestión de plazos procesales.
  • Riesgo de respuestas tardías o preparación apresurada de recursos.

• Gestión deficiente de notificaciones electrónicas:
  • No revisar con suficiente frecuencia los sistemas de notificación.
  • Pasar por alto resoluciones importantes por exceso de correos o cargas de trabajo.

• Problemas en ejecuciones y trámites posteriores:
  • Retrasos en embargos, averiguaciones patrimoniales o lanzamientos por falta de impulso procesal constante.

Cómo ayuda el procurador a evitar estos errores:

• Asumiendo la representación procesal y la relación diaria con el juzgado:
  • El abogado puede centrarse en el análisis jurídico y la atención al cliente.

• Controlando de forma profesional los plazos:
  • Cómputo, avisos previos y seguimiento de fechas clave.

• Ordenando las notificaciones:
  • Filtrado y clasificación de resoluciones, evitando que se pierdan entre otros correos y tareas.

• Impulsando el procedimiento:
  • Presentando escritos de impulso y velando por el avance de la ejecución.

Cuándo es especialmente recomendable contar con procurador:

• Asuntos con ejecución posterior previsible (reclamaciones de cantidad, desahucios, etc.).
• Procedimientos en partidos judiciales con elevada carga de trabajo.
• Abogados con una agenda muy intensa de vistas y señalamientos.
• Despachos que gestionan un volumen importante de litigios.

Conclusión:

Trabajar sin procurador puede parecer, a primera vista, una forma de simplificar o abaratar el procedimiento, pero en la práctica suele trasladar una carga procesal importante al abogado, con riesgos de retrasos, olvidos y pérdida de tiempo.

Contar con un procurador de confianza significa externalizar la complejidad procesal para ganar seguridad y calidad en la defensa.

URBEA PROCURADORS

En URBEA PROCURADORS nos integramos como parte del equipo del despacho, asumiendo la gestión procesal diaria y el control de plazos y notificaciones. Así, los letrados pueden centrarse en lo que mejor saben hacer: asesorar y defender a sus clientes, con la tranquilidad de tener el procedimiento en buenas manos.

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¿Qué entendemos por macrocausas?

Son procedimientos con:

• Numerosas partes (demandantes, demandados, terceros intervinientes).
• Volumen elevado de escritos y documentación.
• Larga duración y múltiples incidencias procesales.

En estos escenarios, la gestión procesal puede ser tan compleja como el análisis jurídico.

El papel del procurador en las macrocausas:

• Centralización de notificaciones y comunicaciones:
  • Recepción y clasificación de un gran número de resoluciones.
  • Traslado ordenado al equipo de abogados.

• Control de plazos múltiples:
  • Gestión de plazos diferentes para distintas partes y actuaciones.
  • Calendarios procesales compartidos con el despacho de abogados.

• Gestión documental intensiva:
  • Presentación escalonada de escritos y anexos.
  • Orden en la aportación de pruebas, periciales y documentación complementaria.

• Coordinación con varios juzgados u órganos:
  • En procedimientos con piezas separadas o actuaciones en distintas sedes.

Ventajas de implicar al procurador desde el inicio:

• Diseño conjunto de la estrategia procesal junto al abogado (no solo ejecución mecánica).
• Identificación temprana de posibles cuellos de botella procesales.
• Mayor fluidez en la relación con el juzgado gracias a un interlocutor acostumbrado a la complejidad.

En estas causas, el procurador deja de ser un mero gestor de escritos para convertirse en un verdadero aliado estratégico del despacho.

Impacto en el resultado del procedimiento:

• Menos riesgo de errores formales en un entorno con mucha presión y volumen.
• Mayor orden interno en el despacho que dirige la causa.
• Percepción de profesionalidad y seriedad ante el juzgado.

Cuando hay tanto en juego, la solidez procesal es tan importante como los argumentos de fondo.

Conclusión:

En macrocausas y procedimientos complejos, el procurador marca la diferencia: pasa de ser una figura “obligatoria” a convertirse en un socio estratégico del abogado, clave para que la causa se mantenga ordenada, dentro de plazo y correctamente tramitada.

URBEA PROCURADORS

En URBEA PROCURADORS contamos con experiencia en procedimientos de gran complejidad y múltiples intervinientes. Trabajamos mano a mano con los despachos para estructurar la causa, ordenar las actuaciones y asegurar que cada paso procesal se da con rigor y previsión.

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Una realidad: sobrecarga y retrasos

Los juzgados de partidos como Sant Feliu de Llobregat y Barcelona sufren una importante carga de trabajo que se traduce en:

• Señalamientos lejanos en el tiempo.
• Acumulación de escritos pendientes de proveer.
• Dilaciones en ejecuciones y trámites intermedios.

Aunque el procurador no puede “crear días en el calendario judicial”, sí puede reducir al mínimo los tiempos muertos evitables.

¿Cómo puede ayudar el procurador?

• Seguimiento activo del procedimiento:
  • Comprobación periódica del estado del expediente.
  • Detección de incidencias que estén bloqueando el avance.

• Impulso procesal dentro de los márgenes legales:
  • Presentación de escritos recordatorios o de impulso cuando procede.
  • Solicitud de señalamientos o despacho de actuaciones en situaciones de parálisis.

• Coordinación con el juzgado:
  • Contacto con las oficinas judiciales para aclarar incidencias concretas.
  • Verificación de que las notificaciones llegan correctamente a todas las partes.

• Optimización de la documentación:
  • Presentar escritos completos y correctamente preparados para evitar subsanaciones.
  • Cuidar la forma y los anexos para facilitar el trabajo de la oficina judicial.

Beneficios para abogados y clientes

• Menos demoras derivadas de errores formales o falta de impulso.
• Mayor previsión sobre los tiempos y fases del procedimiento.
• Sensación de que el asunto está “vivo” y no olvidado en un cajón.

En entornos saturados, la diferencia entre un expediente parado y otro que avanza puede estar en la gestión procesal diaria.

Conclusión

Los retrasos estructurales son una realidad, pero no todos los tiempos de espera son inevitables.

Un procurador proactivo puede minimizar tiempos muertos, evitar subsanaciones y mantener el procedimiento en movimiento dentro de las limitaciones del juzgado.

URBEA PROCURADORS

En URBEA PROCURADORS conocemos de primera mano el funcionamiento de los juzgados de Sant Feliu y Barcelona. Apostamos por un seguimiento cercano y proactivo de cada expediente, para reducir al máximo las demoras evitables y ofrecer a abogados y clientes información clara y actualizada sobre el estado de sus asuntos.

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¿Qué es un juicio híbrido?

Cada vez es más frecuente que los juzgados celebren juicios y vistas combinando presencia física y conexión telemática:

• Juez y funcionarios en sala.
• Algunas partes o testigos por videoconferencia.
• Abogados conectados desde sus despachos en determinados trámites.

Este modelo exige una coordinación procesal muy fina, donde el procurador tiene un papel clave.

Funciones del procurador en juicios híbridos:

• Coordinación de conexiones telemáticas:
  • Verificación de enlaces, plataformas y horarios.
  • Comunicación a las partes de cambios de última hora.

• Gestión de citaciones y señalamientos:
  • Recepción de las resoluciones que acuerdan la modalidad híbrida.
  • Asegurar que todas las partes conocen si deben acudir físicamente o conectarse online.

• Control de documentación:
  • Envío previo al juzgado de escritos y documentos para su correcta visualización en la vista.
  • Verificación de que las pruebas digitales se han incorporado adecuadamente.

• Apoyo en incidencias técnicas:
  • Comunicación inmediata con el juzgado ante fallos de conexión o problemas de acceso.
  • Propuesta de alternativas (reconducción a presencial, nueva fecha, nuevo enlace…).

Retos específicos de los juicios híbridos:

• Diferentes herramientas y protocolos según el órgano judicial.
• Fallos de conexión que pueden afectar al desarrollo de la vista.
• Necesidad de puntualidad y preparación técnica por parte de todos los intervinientes.

En este contexto, contar con un procurador implicado reduce el riesgo de suspensiones y retrasos.

Conclusión:

El juicio híbrido ha llegado para quedarse, pero exige una gestión procesal muy cuidadosa.

El procurador se convierte en un enlace esencial entre el juzgado, los abogados y las partes, garantizando que la vista pueda celebrarse con todas las garantías, tanto dentro como fuera de la sala.

URBEA PROCURADORS

En URBEA PROCURADORS estamos habituados a trabajar con vistas telemáticas e híbridas, coordinando enlaces, citaciones y documentación para que el formato nunca sea un obstáculo. Nuestro objetivo es que abogados y clientes puedan centrarse en la defensa del asunto, sabiendo que la parte técnica y procesal está bajo control.

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Con la nueva Ley de Eficiencia Procesal, la mediación y otros MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) se convierten en requisito previo para la admisión de muchas demandas civiles y mercantiles.

¿Qué implica para el procurador?

• Control de admisibilidad: asegurar que la demanda vaya acompañada de la acreditación de haber intentado una solución previa.
• Asistencia en trámites previos: coordinar con abogados y clientes la preparación de documentos y plazos en mediación.
• Gestión de notificaciones: recepción y control de citaciones relacionadas con los MASC.
• Soporte en la fase posterior: en caso de no alcanzarse acuerdo, el procurador asegura la transición rápida al proceso judicial.

Ventajas de la mediación obligatoria

• Descongestión de tribunales.
• Posibilidad de acuerdos más rápidos y menos costosos.
• Fomenta soluciones flexibles y adaptadas a cada caso.

Desafíos para la procura

• Mayor carga de trabajo inicial: aumenta la gestión documental y de plazos antes de presentar la demanda.
• Falta de homogeneidad: no todos los juzgados aplican con la misma claridad los requisitos de los MASC.
• Necesidad de coordinación estrecha con abogados para no dilatar innecesariamente el procedimiento.

Conclusión

La mediación obligatoria redefine la labor del procurador, que pasa a ser un actor esencial también en la fase preprocesal, asegurando que cada demanda cumpla con los nuevos requisitos.

URBEA PROCURADORS

En URBEA PROCURADORS entendemos la mediación como una oportunidad para agilizar la justicia y apostamos por acompañar a abogados y clientes desde el inicio, garantizando que cada procedimiento se inicie con todas las garantías legales y formales.

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Litigar fuera de la propia ciudad es una situación frecuente para muchos abogados y clientes. En esos casos, el procurador local se convierte en pieza clave para garantizar que todo el procedimiento se gestione de manera correcta y fluida.

¿Por qué contar con un procurador local?

• Conocimiento del juzgado: cada sede judicial tiene sus particularidades, y un procurador de la zona las conoce a la perfección.
• Agilidad en notificaciones y escritos: la cercanía facilita gestiones rápidas y presenciales cuando es necesario.
• Confianza en la tramitación: el procurador asegura que el abogado pueda centrarse en la estrategia jurídica sin preocuparse por los aspectos formales.

Claves para elegir procurador fuera de tu ciudad

1. Experiencia acreditada: comprobar su trayectoria en el ámbito procesal.
2. Uso de herramientas digitales: imprescindible en la actualidad para un trabajo eficaz.
3. Comunicación fluida: un procurador debe mantener informado al abogado y al cliente en todo momento.
4. Compromiso con plazos: su labor es garantizar que ninguna actuación procesal se vea comprometida.

Ventajas para abogados y clientes

La elección acertada de un procurador fuera de tu ciudad asegura representación sólida, reducción de costes de desplazamiento y una coordinación ágil con el juzgado.

Conclusión

Contar con un procurador de confianza fuera de tu localidad es garantía de eficacia y seguridad en cualquier procedimiento.

URBEA PROCURADORS

En URBEA PROCURADORS ofrecemos un servicio especializado en representación procesal en todo el territorio catalán y nacional, garantizando cercanía, rigor y eficacia para abogados y clientes que litigan fuera de su ciudad.

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